El presidente del Gobierno ha iniciado su campaña con miras a las elecciones generales de 2027, sin esperar a que se aclare el panorama en torno a los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Esta decisión marca el comienzo de una estrategia política con fuerte carga simbólica, diseñada para poner a prueba la lealtad y coherencia de sus aliados parlamentarios, y consolidar su perfil de liderazgo antes de afrontar un nuevo ciclo electoral.
Desde el Palacio de La Moncloa, el líder del Gobierno ha insinuado que continuará con su administración, con o sin respaldo para las cuentas públicas. Su propósito, en cualquier caso, es presentar el proyecto de presupuesto antes del 30 de septiembre, aunque ya ha señalado que no tiene la intención de hacer concesiones que socaven su plan de trabajo o comprometan los principios fundamentales del Gobierno. “Veremos quién apoya el avance y quién se distancia”, comentó una fuente próxima al Ejecutivo.
La elección de proceder sin esperar a contar con una mayoría garantizada para los Presupuestos no es fortuita. El equipo del presidente considera que esta situación permitirá “exponer” a sus aliados, sobre todo a aquellos que han mostrado signos de descontento con ciertas decisiones recientes del Ejecutivo. En este grupo se encuentran partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas que han sido fundamentales para asegurar la gobernabilidad, aunque sus exigencias no siempre coinciden con los objetivos del gobierno central.
Entre los principales desafíos que enfrenta el Ejecutivo está la necesidad de conciliar el cumplimiento de las reglas fiscales europeas con el mantenimiento del gasto social y los compromisos en transición energética y modernización económica. En Bruselas ya se ha confirmado que España deberá presentar un plan de ajuste progresivo para reducir el déficit estructural, lo que complica las posibilidades de ampliar el gasto sin nuevas fuentes de financiación.
A pesar de ello, el gobierno mantiene su compromiso de reforzar la inversión pública en áreas clave como vivienda, educación, salud y digitalización, aspectos que se consideran esenciales para captar el apoyo ciudadano y fortalecer la narrativa de un gobierno progresista que cumple. En este sentido, desde el Ejecutivo aseguran que el nuevo ciclo político no girará únicamente en torno a la estabilidad parlamentaria, sino también a la proyección de una visión de país que contrarreste las propuestas de la oposición.
Consciente de la fragmentación del panorama político y del papel clave que juegan las comunidades autónomas en el equilibrio institucional, el presidente ha programado una serie de encuentros con los principales actores territoriales y sectores sociales. Su propósito es reforzar la cohesión de su base de apoyo, mostrar cercanía con los problemas cotidianos y, a la vez, avanzar en la elaboración de una hoja de ruta para los próximos años.
Desde la oposición, se contempla este acto como un esfuerzo por desviar el enfoque de los problemas internos del Gobierno y la creciente inconformidad entre ciertos grupos sociales debido a la ausencia de progreso en reformas esenciales. Sin embargo, en el círculo presidencial, se piensa que es el momento adecuado para fortalecer la imagen política del presidente y posicionarlo como figura principal en un próximo ciclo electoral.
La campaña hacia 2027 no se articula, al menos por ahora, en torno a un eslogan o plataforma tradicional. En su lugar, el Ejecutivo está desplegando una estrategia basada en contrastes: entre progreso y regresión, entre estabilidad y bloqueo, entre responsabilidad institucional y confrontación partidista. Se trata de una narrativa que busca interpelar tanto a la base electoral del gobierno como a votantes indecisos que valoran la gobernabilidad y la coherencia programática.
Mientras el calendario avanza y se aproxima el mes clave de septiembre, el presidente parece decidido a convertir el debate presupuestario en una plataforma política para consolidar su liderazgo. No solo se juega la viabilidad de su agenda inmediata, sino también su legitimidad como opción de futuro. La apuesta, audaz y arriesgada, busca convertir el desafío parlamentario en una oportunidad electoral. El desenlace dependerá tanto de la habilidad del Ejecutivo para gestionar tensiones internas como de su capacidad para movilizar apoyo más allá de su núcleo tradicional.
