El Ejecutivo español ha realizado otro cambio en la estructura organizativa de la Presidencia, nombrando nuevamente en menos de un año a otra persona para el puesto oficialmente llamado «director del Gabinete del director del Gabinete del presidente del Gobierno». Esta posición, que tiene un nombre complejo y poco claro dentro del esquema administrativo típico, ha sido otorgada en esta ocasión a Jorge Pérez Naharro, quien sustituye a Ana Ruipérez Núñez, nombrada en septiembre del año anterior.
Pérez Naharro es un empleado público con experiencia en el área institucional. Fue concejal del Partido Socialista en Alcorcón, además de desempeñarse como asesor parlamentario y, hasta ahora, tenía el puesto de asesor adjunto en el mismo Gabinete de la Presidencia. Su nueva responsabilidad implica apoyar directamente al director del Gabinete presidencial, Diego Rubio Rodríguez, quien fue nombrado en julio como encargado de la coordinación general de las políticas del Ejecutivo en su segundo período. La función en este puesto no es novedosa, aunque ha sido poco visible y ha causado debate debido a su supuesta redundancia de funciones.
Esta figura fue originalmente introducida en la administración central durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, y tuvo continuidad durante el mandato de Mariano Rajoy. Con la llegada de Pedro Sánchez al poder y el ascenso de Iván Redondo como su principal estratega político, el cargo fue temporalmente suprimido. Sin embargo, ha vuelto a estar en funcionamiento en esta nueva etapa, reactivado por el actual equipo de la Presidencia.
El puesto tiene como objetivo organizar al grupo de consultores y encargados técnicos que responden al Gabinete del Presidente, permitiendo la ejecución práctica de tareas relacionadas con la planificación, el seguimiento y la supervisión de las resoluciones estratégicas del Gobierno. Aunque cuenta con esta justificación a nivel administrativo, su presencia ha generado numerosas críticas desde la oposición, que lo percibe como innecesario y parte de una estructura excesivamente amplia.
En tiempos recientes, los partidos de la oposición han manifestado dudas sobre el aumento en la cantidad de asesores y altos directivos que forman parte de la estructura de confianza del Gobierno. Diferentes opiniones indican que estos roles responden más a una lógica de lealtad partidaria que a evaluaciones técnicas o de eficiencia. La designación de Pérez Naharro no ha resultado ser una excepción. Desde círculos críticos, se ha visto como una nueva manifestación de «clientelismo institucionalizado», bajo el disfraz de una reorganización operativa.
El Ministerio de la Presidencia ha evitado referirse a las críticas y ha defendido el nombramiento en términos de continuidad y fortalecimiento del equipo técnico de Moncloa. Según fuentes oficiales, la reconfiguración responde a la necesidad de enfrentar desafíos complejos como la digitalización del Estado, la gobernanza multinivel, y la gestión de crisis globales que requieren un gabinete robusto y especializado.
La sustitución frecuente en esta posición —dos cambios en menos de doce meses— ha intensificado la discusión sobre la estabilidad interna en el entorno más cercano al presidente del Gobierno. Algunos expertos consideran que estas modificaciones son indicios de ajustes internos, resultantes de tensiones o discrepancias en la dirección política del grupo de asesores. Otros, por el contrario, lo entienden como un movimiento administrativo sin gran impacto público.
Sin lugar a dudas, esta posición intermedia, conocida como el «director del Gabinete del director del Gabinete», se ha transformado en un emblema de la discusión sobre la optimización del sistema gubernamental. Para algunas personas, simboliza un nivel administrativo indispensable para garantizar eficiencia en el complicado mecanismo de decisiones del Gobierno. Para otras, es un indicio de una estructura institucional excesiva y poco clara, que evade la supervisión pública y dispersa la responsabilidad política.
Entre tanto, oficializar este nombramiento en medio de agosto ha despertado suspicacias. Este mes suele ser una época de poca actividad en los medios y el parlamento, lo que ha inducido a suponer que se pretendía que el anuncio no atrajera atención. Sin embargo, la acción ha avivado el debate sobre las fronteras del poder administrativo del Ejecutivo y la utilización de recursos públicos para fortalecer estructuras de poder más complejas, aunque no siempre más efectivas.
