El secretario general del partido en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, no será expulsado de la formación política, al menos por ahora, a pesar de que su Código Ético establece la obligación de solicitar la baja voluntaria cuando se dicta auto de apertura de juicio oral contra un afiliado. Si no se cumple esta norma, el reglamento contempla la suspensión cautelar de militancia y, eventualmente, la expulsión. Sin embargo, el partido ha decidido aplazar cualquier medida hasta que se resuelvan los recursos pendientes relacionados con el caso.
Las acusaciones contra Gallardo surgen de una investigación por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz, un caso que involucra presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía ha recurrido la apertura de juicio oral, argumentando discrepancias con los razonamientos de la jueza instructora. Este recurso, junto con otros procedimientos legales, puede alterar el curso del caso, incluso llegando al archivo definitivo de las acusaciones.
El partido también se ampara en una modificación reciente de sus Estatutos, aprobada durante el último Congreso Federal. Este cambio permite excepciones a la aplicación del Código Ético cuando se considera que los procedimientos judiciales tienen finalidades políticas. Según la disposición transitoria sexta de los Estatutos, los implicados pueden solicitar que cualquier decisión disciplinaria se posponga hasta que exista una sentencia firme. Esta normativa ha servido como base para que Gallardo permanezca tanto en su cargo público como en su puesto dentro del partido, mientras continúa su defensa legal.
El Código Ético del partido establece que los afiliados deben ser suspendidos automáticamente cuando se dicta un auto de apertura de juicio oral por delitos relacionados con la corrupción. En términos legales, dicho auto se emite cuando el juzgado encuentra suficientes indicios de delito y alguna acusación formaliza la solicitud de juicio. Aunque el auto de apertura de juicio oral no es recurrible, el auto previo que lo sustenta sí lo es. En este caso, la Fiscalía y otras partes han presentado recursos que podrían derivar en el archivo de la causa, lo que reforzaría la posición de Gallardo.
El caso ha provocado fricciones dentro del partido. Gallardo, quien tomó el mando en Extremadura en 2024, no siempre ha estado en sintonía con la dirección nacional. Su actitud crítica frente a ciertas políticas, como la amnistía, ha creado diferencias con la cúpula del partido, que lo considera un líder complicado. Estas fricciones se intensificaron después de que fue imputado por supuesta malversación de fondos públicos, un hecho que algunos vieron como una chance para deslegitimarlo políticamente. A pesar de estos desafíos internamente, Gallardo consiguió reafirmar su liderazgo en las primarias con un fuerte apoyo.
Por otro lado, el caso en cuestión tiene un trasfondo político evidente para el partido. Las acusaciones iniciales fueron impulsadas por organizaciones judiciales y políticas que históricamente han criticado a la formación. Entre las entidades personadas en el caso se encuentran colectivos conservadores y partidos de la oposición, quienes han aprovechado la situación para cuestionar la integridad del secretario general extremeño.
