El Gobierno español ha aprobado una ambiciosa reforma legal que permitirá la desclasificación de documentos oficiales vinculados al régimen franquista y al período de la Transición. Esta medida, largamente demandada por organizaciones de derechos humanos y colectivos de memoria histórica, tiene como objetivo arrojar luz sobre algunos de los capítulos más oscuros del país en el siglo XX.
La reforma supone una ruptura con la Ley de Secretos Oficiales de 1968, heredada de la dictadura de Francisco Franco, que hasta ahora permitía mantener clasificados documentos sin límite temporal. Con el nuevo marco legal, se establecen plazos máximos de reserva: los archivos clasificados como “secretos” deberán ser desclasificados en un plazo máximo de 25 años, mientras que los “reservados” lo serán en diez años. Solo en circunstancias excepcionales, justificadas por motivos de seguridad nacional, podrá ampliarse el acceso a ciertos documentos por un periodo adicional de hasta diez años.
El proyecto pretende asegurar el derecho a conocer la verdad y al acceso a la información, además, se ajusta a las normas internacionales sobre transparencia y memoria histórica. Entre los documentos que se anticipa que se harán públicos, se incluyen archivos relacionados con la represión política durante el régimen, detenciones injustas, desapariciones forzadas y expedientes de personalidades políticas y sociales que fueron asesinadas o perseguidas en el marco de la violencia estatal.
Uno de los casos emblemáticos que será impactado por esta reforma es el del joven sindicalista Manuel José García Caparrós, asesinado durante una manifestación por la autonomía andaluza en 1977. Su familia, que lleva décadas exigiendo justicia, podría acceder por fin al expediente parlamentario completo que fue clasificado como “secreto” durante años. Este caso se ha convertido en un símbolo de la opacidad institucional que caracterizó la gestión de los archivos durante y después del franquismo.
La nueva ley también obliga a las administraciones públicas a digitalizar y poner a disposición del público los documentos desclasificados, facilitando su consulta por parte de investigadores, periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos en general. Esto permitirá que buena parte del trabajo sobre la memoria histórica se apoye en fuentes documentales hasta ahora vedadas, fortaleciendo la base empírica para nuevos estudios y procesos de reparación.
La reforma ha sido aprobada tras un prolongado proceso de debate parlamentario, con una ajustada mayoría a favor. Aunque recibió apoyo de sectores progresistas y nacionalistas, fue rechazada por algunos partidos conservadores que consideran que la medida podría reabrir heridas del pasado. Sin embargo, para sus impulsores, se trata de una deuda pendiente con las víctimas del franquismo y un paso imprescindible para consolidar una democracia madura.
La ley se inscribe dentro de una serie de acciones gubernamentales orientadas a fortalecer la memoria democrática. En 2022, ya se había aprobado una ley que declaró ilegal el régimen franquista y amplió el reconocimiento a las víctimas de la dictadura. Con esta nueva norma, se busca avanzar más allá de las declaraciones simbólicas para implementar cambios concretos en el acceso a la verdad.
No obstante, persisten dudas sobre la implementación práctica del proceso. Algunos expertos advierten que, aunque la ley es un avance en términos formales, su éxito dependerá de la voluntad política de los distintos organismos involucrados. Además, reclaman la creación de un registro público de documentos clasificados y desclasificados que permita un seguimiento efectivo del cumplimiento de los plazos establecidos.
Desde el ámbito académico y judicial, también se subraya la necesidad de garantizar que la revisión de clasificaciones sea transparente y esté sujeta a control parlamentario y judicial. La inclusión del Tribunal Supremo en el proceso de revisión se considera un punto positivo, pero se insiste en que la rendición de cuentas debe extenderse a todos los niveles del Estado.
El paso dado representa un avance significativo en la búsqueda de una mayor transparencia en las instituciones y en el reconocimiento de la memoria histórica como un derecho de los ciudadanos. La desclasificación de los documentos del franquismo no solo ayudará a clarificar acontecimientos del pasado, sino que también es un acto simbólico de reparación hacia las víctimas y sus familiares, quienes durante muchos años han enfrentado dificultades para acceder a la justicia y la verdad.
Con esta decisión, España se suma a la tendencia de otros países que han desclasificado archivos vinculados a regímenes autoritarios o hechos traumáticos del pasado. La sociedad española, marcada por una transición democrática que evitó revisar el legado de la dictadura en profundidad, comienza así a saldar una cuenta pendiente con su historia.
