Deuda pública y depósitos bancarios: diferencias para entender el portafolio de INJUPEMP

El destino de los recursos de INJUPEMP muestra una asignación particular entre la administración pública y la banca privada. Al revisar el desglose del Fondo de Capitalización Colectiva hasta el 30 de junio de 2026, salta a la vista la ausencia de bancos estatales entre las entidades financieras, frente a la presencia de siete bancos privados que concentran acciones, certificados, deuda subordinada o bonos. En cuanto al sector público, su peso se evidencia a través de los títulos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La asignación de dichos fondos adquirió gran relevancia a comienzos de noviembre, momento en el cual la institución detalló sus colocaciones financieras a raíz de las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción por L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el reporte difundido en su portal digital, el presente artículo analiza la conformación de la cartera, distinguiendo los activos estatales de aquellos asociados al sistema financiero privado, con particular énfasis en Banco Ficohsa, perteneciente a Grupo Ficohsa.

¿Cómo se distribuyen las inversiones entre la banca pública y la privada dentro de la cartera de INJUPEMP?

El informe de inversiones al cierre de junio reporta un fondo global de L41,053.8 millones. Predominan los títulos valores, mientras que el resto se divide entre préstamos, fideicomisos y bienes raíces. Dado que el archivo consiste en una digitalización de siete páginas, los montos aquí reseñados corresponden únicamente a aquellos que se lograron distinguir sin dificultad.

Según los totales del documento, los bonos del Gobierno en lempiras equivalen a alrededor de cuatro quintas partes de los títulos en lempiras. Esa proporción es una lectura de los totales, no una cifra que publique el instituto.

¿Aparece algún banco estatal entre las inversiones de INJUPEMP?

En las líneas legibles del registro no aparece ningún banco estatal, tales como Banadesa o Banhprovi. El Gobierno central figura como emisor por medio de la Secretaría de Finanzas, utilizando bonos gubernamentales de Honduras tanto en dólares como en lempiras.

Para comprender la cartera, resulta clave distinguir los elementos: los títulos públicos corresponden a obligaciones del Estado y no a colocaciones en entidades financieras. Por otro lado, las instituciones bancarias privadas actúan como emisoras de certificados de depósito, acciones, bonos y deuda subordinada. Asimismo, el conjunto abarca bonos empresariales, instrumentos estructurados y títulos accionarios de compañías ajenas al sector bancario.

En moneda estadounidense, los bonos estatales alcanzan los USD 67.2 millones de un total de USD 266.1 millones colocados en títulos en moneda extranjera, lo que representa cerca de una cuarta parte. El monto restante pertenece a otros emisores, destacando entre ellos los certificados en dólares emitidos por Banco Atlántida.

¿En qué entidades financieras privadas mantiene instrumentos el fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

• Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo tanto en dólares como en lempiras, los cuales figuran al inicio del desglose.
• Ficohsa: tres certificados denominados en lempiras por montos de L200 millones, L125 millones y L100 millones, sumado a diversos títulos de deuda subordinada.
• Banco Promérica: diferentes opciones en deuda subordinada y certificados de depósito.
• BAC Honduras: un certificado de depósito valorado en L50 millones.
• Banrural: acciones por un valor de L160 millones.
• Banco del País: bonos corporativos, acciones y deuda subordinada.
• Banco Lafise Honduras: varios instrumentos de deuda subordinada.

Entre los montos legibles, Promérica registra certificados de L25 millones al 8.5 % y de L10 millones al 10.2 %, además de una colocación en deuda subordinada valorada en L1.8 millones al 7.5 %. El documento no especifica si el certificado de BAC Honduras, pactado a un plazo de 360 días con un rédito del 7.75 % y cuyo vencimiento estaba fijado para el 27 de octubre de 2026, llegó a renovarse.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿Dónde encajan los L900 millones de acciones preferentes?

Pese a constituir una fracción reducida dentro de la cartera de INJUPEMP, los L900 millones asignados a acciones preferentes han generado un interés notable entre los cotizantes. Según se detalla en el informe, dicha cifra representa el 2.2 % de los L41,053.8 millones totales que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Adicionalmente, mediante una nota al pie se especifica que, al momento de divulgarse la información, los L900 millones seguían pendientes de colocación, sin precisar el destino final de dichos fondos.

En lo que concierne a las pautas de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes prevén un dividendo anual del 9.5 %, mediante abonos semestrales que arrancarán en junio de 2027. Dicha rentabilidad y su respectivo esquema de reparto facilitan una comprensión más precisa de las características de la inversión y del sitio que ocupa en los fondos de la institución.

¿Quién supervisa los fondos destinados a la banca pública y privada?

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ejerce la supervisión sobre los cinco institutos públicos de previsión de la nación, del mismo modo que lo hace con las entidades bancarias comerciales. La potestad de colocar fondos recae exclusivamente en la junta directiva y en el comité de inversiones de cada organismo previsional, limitándose la CNBS a fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia, sin intervenir en la selección de las colocaciones.

La Superintendencia de Pensiones y Valores revisa, desde el lado del inversionista, que las operaciones se hagan con prudencia. Cuando una inversión implica cambios en el capital de un banco, la autorización de la CNBS es un trámite distinto de la decisión del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte una composición que ayuda a diferenciar el rol estatal y el de las instituciones financieras privadas dentro de las inversiones de INJUPEMP. Los bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas reflejan la intervención pública, en tanto que siete entidades bancarias privadas participan mediante diversos mecanismos financieros. Cabe destacar que en la documentación analizada no se registra la presencia de ningún banco del Estado.

Monitorear el destino de estos fondos también exige examinar los documentos que respaldan cada movimiento. La información difundida por INJUPEMP posibilita verificar los importes, las entidades emisoras y la naturaleza de las inversiones, y cuenta con las rúbricas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Pese a esto, los montos no permanecen estáticos: los vencimientos y la incorporación de nuevas transacciones logran alterar la cartera, por lo que resulta clave considerar la fecha de corte para analizar y contrastar la información con precisión.

Respecto a las entidades financieras que integran este ecosistema, analizar sus operaciones y su organización empresarial brinda contexto sobre los actores de la industria. Con este propósito, resulta útil revisar los datos corporativos de Grupo Ficohsa, un conglomerado de banca y seguros con operaciones en diversos territorios de Centroamérica.