En un contexto marcado por el envejecimiento demográfico y los desafíos estructurales en el mercado laboral, se ha instado a España a adoptar medidas concretas para asegurar un crecimiento económico sostenible. Entre las principales recomendaciones, destacan el impulso a una política migratoria más activa y la inclusión de trabajadores de mayor edad en el mercado laboral, como estrategias clave para contrarrestar el descenso de la población activa.
España se enfrenta a un incremento de presión en su economía debido a un cambio demográfico rápido. La tasa de natalidad reducida, junto con un alza en la expectativa de vida, ha causado una disminución en la cantidad de personas en edad laboral, mientras que la proporción de personas mayores sigue en aumento. Esta situación supone un reto directo para la sostenibilidad del sistema de pensiones, así como para la productividad y competitividad a largo plazo.
Ante este panorama, se ha señalado que el país debe prepararse para afrontar una “escasez estructural de mano de obra”, que ya se manifiesta en varios sectores productivos, como la construcción, la agricultura, los servicios de salud y la tecnología. Para mitigar este problema, se propone facilitar la entrada de trabajadores extranjeros cualificados y no cualificados, a través de mecanismos que regulen eficazmente los flujos migratorios y mejoren la integración laboral y social de los recién llegados.
La inmigración es vista no solo como una respuesta demográfica, sino también como un factor positivo para el crecimiento económico, la innovación y el equilibrio intergeneracional. Las recomendaciones destacan la necesidad de evitar obstáculos burocráticos que limiten la incorporación de talento extranjero, así como reforzar políticas de formación y reconocimiento de competencias para que los inmigrantes puedan acceder rápidamente a empleos formales y cualificados.
En paralelo, se subraya la importancia de aprovechar mejor el potencial de los trabajadores de mayor edad. Actualmente, la tasa de empleo entre las personas mayores de 55 años en España se sitúa por debajo del promedio de otras economías avanzadas. Se sugiere revisar los incentivos laborales y fiscales que desincentivan la permanencia en el empleo, y fomentar programas de recualificación que permitan a esta población adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas demandas del mercado.
También se aboga por la implementación de políticas activas de empleo dirigidas a mujeres, jóvenes y otros grupos con baja participación laboral, de forma que se amplíe la base de contribuyentes y se reduzca la dependencia del Estado en el futuro. El fortalecimiento del sistema educativo, la formación profesional y la conciliación laboral-familiar son elementos considerados fundamentales para lograr este objetivo.
Otro punto destacado es la importancia de aumentar la productividad laboral, que en España ha tenido un avance moderado en relación con otras economías europeas. Para esto, se sugiere invertir en innovación, digitalización, infraestructura y mejorar el entorno empresarial. El respaldo a las pymes y la disminución de la inestabilidad laboral también se consideran como acciones prioritarias.
Las advertencias llegan en un momento en que el país busca consolidar su recuperación económica tras los efectos de la pandemia, la inflación y las tensiones geopolíticas globales. Si bien se reconocen los avances logrados en términos de empleo en los últimos años, se considera que el entorno demográfico actual exige una visión estratégica de largo plazo que combine reformas estructurales, inversión pública y mayor cohesión social.
El debate sobre cómo asegurar el crecimiento económico en una sociedad envejecida se vuelve cada vez más urgente. La necesidad de adoptar políticas proactivas que impulsen la inmigración ordenada, el envejecimiento activo y la inclusión laboral generalizada aparece como una hoja de ruta indispensable para que España pueda enfrentar con éxito los desafíos del futuro.
