La Fiscalía Superior de Canarias afirmó que las instrucciones del protocolo de Canarias retrasaron la recepción de al menos 24 menores inmigrantes no acompañados que llegaron a las islas en septiembre. Estos niños y niñas, confirma, no fueron internados inmediatamente en un centro y pasaron entre uno y tres días en comisarías.
La fiscalía destacó que se trata de un retraso «injustificado» y que pese a la «importante presión migratoria» que sufre el archipiélago, la medida adoptada por el Gobierno regional «compromete los intereses de este colectivo especialmente vulnerable», por lo que apoya su suspensión. .
El documento confirma y detalla el caso de 18 menores en El Hierro, 7 de entre 12 y 16 años, 6 de entre 13 y 15 años y 5 de 15, 16 y 17 años, que llegaron el 20 de septiembre y fueron tomada sólo por la Policía de Canarias más de un día después.
Por su parte, también describió los casos de Lanzarote donde al menos cuatro menores fueron recuperados en algunos casos solo tres días después, a pesar de haber sido denunciados ante la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia, así como otros dos menores de Fuerteventura. .
Así, la Fiscalía reafirmó que la aceptación debe realizarse «de forma inmediata», ya que se trata de un grupo de personas que tienen «una especial vulnerabilidad por ser menores de edad, ser extranjeros y estar solos».
Los casos presentados, señala el documento, «subrayan que la medida adoptada compromete los intereses de este colectivo especialmente vulnerable», por lo que mostró su acuerdo con la suspensión de la ejecución del Acuerdo sobre la presencia del Gobierno de Canarias. a partir del 2 de septiembre de 2024.
Además, vuelve a defender que la responsabilidad de la asistencia social de los menores inmigrantes recae en las comunidades y, en el caso concreto de Canarias, también está recogida en el artículo 147.2 del Estatuto de Autonomía y en la Ley autonómica de atención a niños. infancia. tú mismo.
El sumario de cargos presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Canarias (TSJC) reconoce la «importante presión migratoria» que sufre el archipiélago desde 2019 y que se ha agudizado en 2023, especialmente a través de la isla de El Hierro .
Según él, esta llegada de personas procedentes del continente africano a través de pequeñas embarcaciones, piraguas y neumáticas hace que las administraciones públicas que tienen cierta competencia con los inmigrantes «han hecho importantes esfuerzos para gestionar estos flujos migratorios».
